Los fraudes masivos que han sufrido los consumidores españoles en los últimos años sólo pueden resolverse judicialmente con eficacia a través de una actuación colectiva. Si las grandes empresas se niegan a negociar con los consumidores y sus organizaciones representativas soluciones justas a los problemas y abusos que cometen, si los sucesivos gobiernos son incapaces de imponer soluciones politicas universales, incluso aunque los parlamentos se hayan pronunciado clamorosamente por soluciones razonables y justas, no queda más remedio que acudir a la vía judicial, y es ahí donde el procedimiento colectivo adquiere una gran importancia para defender los derechos defraudados.
La acción colectiva, prevista desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, y, sobre todo en la normativa europea, además de ahorrar tiempo y costes a los afectados y a una justicia saturada, permite visualizar ante toda la opinión pública el tamaño de los fraudes que las empresas y entidades financieras cometen sobre los consumidores, pero también la fuerza que pueden lograr éstos agrupados bajo una causa común. Si en nuestro país estamos a la cabeza de los ránkings europeos en fraudes masivos a los consumidores, deberíamos también estar a la vanguardia en la efectividad de los mecanismos para la resolución colectiva de estos conflictos en vía judicial.
Por desgracia, la acción judicial colectiva en nuestro país tiene demasiadas lagunas normativas y una actitud no del todo comprensible por parte de algunos sectores conservadores o interesados de la judicatura y la abogacía. La legislación en materia de acciones colectivas es dispersa y fragmentaria lo que favorece a los grandes poderes empresariales y financieros. Pretender que los afectados por un fraude o abuso de consumo, ya castigados por los efectos del mismo, tengan que acudir a la justicia de uno en uno y abonando los gastos correspondientes,como difunden con gran aparato publicitario despachos de abogados y pseudo asociaciones, supone una maniobra interesada y orquestada por el sector bancario con el fin de disuadirles y privarles así de un verdadero derecho de acceso a la justicia. Las trabas y obstaculos a las demandas colectivas de ADICAE sobre clausulas suelo,preferentes y otras, por parte de las entidades demandadas están generando un clima de auténtica inseguridad e insatisfacción que puede alterar en España el normal funcionamiento del sistema financiero y las relaciones entre clientes y entidades en los próximos años, como demuestran los recientes fraudes de “preferentes” y “cláusulas suelo”.
No puede negarse que existen jueces y fiscales que son conscientes de este problema y demuestran sensibilidad hacia los consumidores frente a esta situación y, en particular, frente a las maniobras de las entidades, llama la atención el creciente aumento de sentencias contradictorias entre sí ante circunstancias prácticamente idénticas, así como los problemas esgrimidos por los tribunales para la desacumulación de acciones por falta de competencia objetiva, territorial, litispendencia, tasas, etc. Cuando precisamente esas desacumulaciones y, en general,las demandas individuales,segun la probada experiencia de ADICAE a que sólo reclamen sus derechos en via judicial un máximo de el 20% de los afectados en el mejor de los casos, debido a multiples razones,miedos y desconfianzas, lo que viola flagrantemente derechos esenciales de los consumidores. Y es que los tribunales sólo entienden como colectiva la “acción de cesación”, un instrumento que usan algunas asociaciones, pseudo asociaciones o despachos de abogados como publicidad y marketing para su negocio con las que vender sus productos y servicios, dados los evidentes problemas que hay a la hora de aplicar y extender las sentencias a todos los consumidores y conseguir su resarcimiento económico,que es el objetivo principal de esta accion judicial,puesto que lo demas es burlado flagrantemente por las grandes empresas y sobre todo los poderosos lobbys bancarios y financieros. Así se ha demostrado con algunas sentencias como la conocida del Tribunal Supremo que condenaba a 3 entidades a eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas, pero no así a devolver las cantidades cobradas fraudulentamente (retroactividad reconocida tradicionalmente en la legislacion Civil española), debido al mal planteamiento inicial de la demanda (presentada por ‘Ausbanc’ sin afectados y sin solicitar ningún resarcimiento, esperando con ello abrir su taquilla para que vinieran los consumidores de uno en uno a su negocio lucrativo,sin importarle lo mas mínimo las grandes perdidas causadas a millones de afectados por este caso,como ha sucedido con esta polémica Sentencia).
Los éxitos de ADICAE en la labor judicial colectiva son evidentes y numerosos. Desde las acciones acumuladas por el fraude al ahorro de los “depósitos estructurados” de Ruralcaja en el año 2000; las malas prácticas declaradas por los contratos de crédito al consumo en el caso de las “Academias de inglés” en 2002 (donde ADICAE fue la única que interpuso demanda por todas
las academias, no sólo las famosas ‘Opening’); en bastantes casos resueltas,como los problemas de decenas de miles de familias con los planes de jubilación de Intercaser, el caso de los bonos de Lehman brothers de Citybank o las preferentes y subordinadas de La Caixa,entidad con mayor número de preferentres(160.000 familias, resuelto completamente por los acuerdos con ADICAE) con acuerdos transaccionales judiciales o notariales,impuestos a entidades por la fuerza de el gran número de consumidores que se sumaban a ADICAE). Mediante cientos de demandas agrupadas y colectivas la Asociación representa y defiende los intereses de decenas de miles de consumidores,con gastos,riesgos y molestias practicamente simbolicos(como no podría ser de otra manera por parte de una asociación de consumidores y usuarios legitima) que junto a los perversos efectos de la crisis, han sufrido el engaño masivo de un sistema financiero corrupto que ha abusado de su confianza para sacar el máximo beneficio económico posible. Tres millones de familias con cláusulas suelo, dos millones atrapados en productos financieros tóxicos, y un largo etcétera, por los que ADICAE está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias, se lo merecian y por eso,mal que le pese a quien le pese,interesado o equivocado,ADICAE seguirá luchando por esta justa causa hasta la victoria final.
Manuel Pardos – Presidente de ADICAE
