Vergonzosamente los responsables de llevar a la quiebra a la primera caja de ahorros rescatada en España no pisarán la cárcel. La Audiencia Nacional ha condenado a Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), y al exdirector general de esta entidad, Ildefonso Ortega, a solo dos años de prisión (lo que les evitará entrar en la cárcel) y al pago de una irrisoria multa de 29.970 €. La sentencia, no solo valida la desastrosa gestión de los acusados, sino que da carpetazo al fraude, siendo un claro incentivo a que se repita.
ADICAE, personada como acusación popular, había solicitado 5 años de prisión para cada uno por los delitos de falsedad contable y de administración desleal como responsables de una gestión que llevó a CCM a ser rescatada con 9.000 millones de dinero público en marzo de 2009.
Esta sentencia refuerza la tesis de ADICAE sobre la necesidad de abrir una causa general por la quiebra de las cajas de ahorros españolas, que se ha llevado por delante rescates multimillonarios y las obras sociales que tenían encomendadas.
Los juicios contra los gestores de estas entidades con participación pública se están convirtiendo en ‘juicios-farsa’, un borrón y cuenta nueva a un fraude que ha significado la desaparición del 50% del sector financiero español.
Moltó y Ortega falsearon las cuentas para que reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas. Sin embargo, las cuentas auditadas acabaron arrojando un resultado negativo consolidado de 1.066 millones.
La gestión de CCM (hoy integrada en Liberbank) se caracterizó por una política de crédito irresponsable a empresas poco solventes, inversiones inmobiliarias desmedidas, la financiación de obras faraónicas como el aeropuerto de Ciudad Real, la venta masiva de preferentes y abusos como la cláusula suelo.
