El último balance elaborado por el Consejo General del Poder Judicial acerca de pleitos relacionados con préstamos hipotecarios en España muestra que el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 fue de 82.860, un 9,8 % menos que el año anterior. Dice el CGPJ que todos los trimestres del año pasado presentaron descensos interanuales, que en el caso del último trimestre, el más dramático, fue de apenas el 1,1 %. Cada invierno se registran casi 25.000 embargos.
Porque las cifras ‘amables’ que trata de transmitir el poder judicial no esconden que el drama hipotecario, lejos de remitir, continúa con una fuerza que no corrigen las normativas de supuesta protección al deudor que aprueba el Gobierno. Las cifras de 2013 muestran que cada día el juez despoja de la titularidad de sus viviendas a 227 consumidores. Y que las ejecuciones firmadas en 2013 son menores que las de 2012, año especialmente duro, pero son mayores que las que se registraron en 2011, en concreto un 6,5% más.
Los embargos practicados desde el inicio de la crisis se acercan ya al medio millón, un volumen lo suficientemente numeroso como para que los poderes públicos y los reguladores tomen nota seriamente del drama social que viven los consumidores con hipotecas en España. En total, desde el año 2008, en España se han practicado 497.797 ejecuciones hipotecarias; seis años ya de abuso continuado que sigue sin ser corregido por las entidades financieras ni combatido desde las instituciones. 2009, 2010 y 2012 fueron años en los que se superaron las 90.000 ejecuciones, y 2013, a pesar de los parches normativos y las medidas de «protección» publicitadas por el Gobierno, la cifra vuelve a ser superior a 80.000.
Moratorias escasas
Medio millón de embargos… Y apenas 26.140 familias han podido acogerse a las medidas de la banca y el Gobierno para proteger a los hipotecados. Las medidas de la banca y el Ministerio de Economía para solucionar el problema hipotecario han beneficiado a un total de 26.140 familias, unos resultados paupérrimos, apenas un 5% de todos los afectados por ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis.
Aparte del CGPJ, los datos publicados por el Banco de España (BDE) en enero de 2014 no dejan lugar a dudas sobre este importante problema hipotecario que deja a decenas de miles de familias en la calle. Durante 2012 hubo un total de 44.745 entregas de viviendas, de las cuales 39.051 se corresponden a la vivienda habitual de las familias. En 2013 encontramos datos del primer semestre, en donde tenemos 35.098 entregas de viviendas, de éstas, 28.170 son viviendas habituales.
A estos datos hay que sumarles los 40.740 desahucios ocurridos en 2011 según recogen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sigue habiendo oscuridad en las cifras oficiales de desahucios, puesto que actualmente son dos organismos (el BDE y el CGPJ) los que se encargan de recoger estos datos. Además, cada uno de estos organismos reúne información de diferentes aspectos: el CGPJ recoge los desahucios llevados a cabo en los juzgados, y el BDE agrupa los datos que le proporcionan las entidades financieras.
Pero todos ellos confluyen en un hecho cierto; se registra un lanzamiento por cada dos ejecuciones, lo que confirma que la pérdida de la vivienda por el abuso de la banca seguirá siendo un fenómeno brutalmente común en estos próximos meses e incluso años de «recuperación económica», una cuenta atrás que anula a los consumidores afectados, en buena medida sangrados por abusos crediticios como cláusulas suelo, ntereses leoninos, o comisiones desproporcionadas.
Las propuestas de ADICAE
La crisis ha causado que miles de familias pierdan sus fuentes de ingresos y, con ello, se han visto incapaces de hacer frente a los abusivos gastos que tanto las entidades bancarias como las grandes empresas de distribución de gran consumo imponen a los consumidores. En un contexto de bajón de ingresos, un 10% menos desde que comenzó la crisis, los gastos fijos relacionados con vivienda y energía han aumentado un 20%. Por esta razón, es necesaria una reforma integral que garantice los derechos del consumidor.
En materia hipotecaria, ADICAE continúa defendiendo la creación de un procedimiento concursal para consumidores y de una moratoria hipotecaria de tres años de duración que proteja los derechos de los usuarios, les permita prevenir el sobreendeudamiento y ordenar sus deudas, y garantice una vivienda digna y un tiempo de respiro para poder rehacer sus vidas laborales. Con motivo de las próximas Elecciones al Parlamento Europeo, la asociación se reunirá con partidos políticos para trasladarles sus propuestas en materia hipotecaria.
