El anteproyecto de ley de economía sostenible en su artículo 27 pretende regular la “concesión responsable de crédito” por parte de las entidades financieras a los consumidores. Sin embargo no limita de manera decidida los abusos en las tasaciones, la imposición de productos vinculados a los consumidores (como seguros, tarjetas, planes de pensiones) etc.
Según las medidas previstas, las entidades harán una evaluación «minuciosa» de las circunstancias y capacidad económica de cada cliente para hacer frente al pago del préstamo en el momento de decidir si concede el mismo, siguiendo un «cuestionario detallado». Además, plantea que las entidades valoren de forma «adecuada e independiente» las garantías inmobiliarias que aseguren los préstamos y consideren los diferentes escenarios de evolución de los tipos en los préstamos a interés variable. Conviene recordar que las tasadoras pertenecen a las propias entidades financieras, con lo que la independencia está más que cuestionada pese a los intentos de esta ley de “procurar” una valoración “independiente”.
El anteproyecto de Ley de economía sostenible recoge asimismo unas insuficientes medidas para situaciones de impago de deudas y renegociación de sus condiciones, en un burdo intento por pretender establecer garantías para los consumidores que no pueden afrontar sus créditos. Así, el proyecto de ley se remite a una futura regulación reglamentaria posterior para establecer “parámetros de seguimiento”, “información en la renegociación de la deuda” y otros términos imprecisos y manifiestamente ineficaces para cualquier pretensión seria de solucionar problemas de los consumidores.
ADICAE viene advirtiendo que frente a los abusos en al concesión de créditos y las condiciones financieras de los mismos, hay que establecer sistemas eficaces para prevenir y combatir el sobreendeudamiento, al igual que existe en otras legislaciones europeas.
Según el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, en seis meses desde que entre en vigor la normativa, se aprobará un “Código de Transparencia” que pretende detallar de forma «clara, precisa y sencilla» unas normas para proteger a los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito. Se incluye también la aprobación de normas de conducta en la prestación a los consumidores de servicios bancarios, en especial, respecto a la contratación de depósitos.
