Los rescates de bancos y cajas ‘zombies’ que han venido realizando los diferentes gobiernos en los últimos años están sangrando la economía de todos los consumidores. El ‘saneamiento’ de la banca española ha significado un aumento descarado de las comisiones, de los tipos de interés de los créditos o de la emisión de productos tóxicos, con el objetivo de que los consumidores paguen la crisis de los bancos. Ahora, además, lo harán de manera oficial: el Gobierno asume como déficit público la pérdida de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estima en 11.051 millones de euros, una cifra equivalente al 1% del PIB.
El pasado mes de julio el FROB introdujo en el ejercicio 2011 el deterioro de los préstamos y de las participaciones del Estado en los capitales de BFA-Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia Banco. Los 11.051 millones de euros apuntados en los libros del fondo estatal como activos financieros pasaron a valer cero. A estos 11.051 millones de euros podrían sumársele próximamente los 2.417 procedentes de los préstamos a Caja de España, Banca Cívica y Banco Mare Nostrum, que todavía mantienen su valor original en los libros del FROB.
La normativa de la Unión Europea obliga a los estados a computar estas deudas como déficit público, ya que las considera irrecuperables. España debe mandar el lunes a Eurostat, la oficina estadística de Bruselas, la revisión del saldo presupuestario de 2011. Será entonces cuando estas pérdidas entren oficialmente en el déficit del Estado. Una vez más, los consumidores siguen pagando una crisis que no han generado. ADICAE ya ha iniciado una causa general en los tribunales contra los gestores de las cajas de ahorros quebradas, con el objetivo de que paguen por sus desmanes.
