En España hay 30 centrales eléctricas de ciclo combinado, buena parte construidas en la pasada década. Estas centrales, que emplean el gas natural para generar energía, disponen de una tecnología que les permite dar una rápida respuesta a cambios bruscos de demanda que pueda tener el sistema. Eran, pues, la pareja perfecta para complementar las energías renovables, que dependen de las inclemencias del tiempo para funcionar. Sin embargo, con la crisis y la caída de la demanda eléctrica, estas centrales, tras las que hubo una fuerte inversión, no alcanzan sus expectativas, y ahora toca pagar los platos rotos.
De las centrales de ciclo combinado en España, cuatro pertenecen a Endesa, seis a Iberdrola, tres pertenecen a E.ON, seis a Gas Natural Fenosa, una a HC Energía y otra el gigante francés GDF Suez. Además de estas de propiedad única, hay otras que son de propiedad compartida entre dos o más de estas grandes compañías energéticas, e incluso alguna firma menos conocida. Pero también en este negocio hay actores ‘inesperados’, como fondos de capital riesgo, que vieron en este ‘boom’ del ciclo combinado una oportunidad para obtener altas rentabilidades.
Este es el caso de ContourGlobal, una compañía estadounidense fundada en 2005 con la participación de Reservoir Capital Group, un fondo de inversiones de 4.000 millones de dólares con sede en Nueva York. Especializados en inversiones en el sector energético en países de Latinoamérica, Europa y Asia. En España, son propietarios de la central térmica de Arrúbal, en La Rioja. En Teruel, Global 3 es la propietaria de la central de Peaker Escatrón. Esta compañía, fundada en 1996, está dedicada a la compra y gestión de plantas energéticas, y desde 2006 está participada mayoritariamente por tres fondos de capital riesgo españoles, AC Desarrollo, Corpfin Capital e Impala Capital.
Las centrales de ciclo combinado también han deparado extrañas parejas, como la que forman ESB Co. Y Osaka Gas en la central de Bizcaia Energía, en el País Vasco. La primera es la empresa estatal de la electricidad de Irlanda, mientras que la segunda es una empresa japonesa que sirve gas principalmente a la región nipona de Kansai. A pesar de este caso y de los anteriores, la mayoría de las centrales de ciclo combinado pertenecen a las grandes compañías energéticas con sede en España.
Sobresuministro a un precio muy alto
Las centrales de ciclo combinado tienen una función muy concreta: asegurar el suministro eléctrico en cualquier circunstancia, en un sistema de producción en el que cobraron peso las energías renovables que, por su propia naturaleza, son inestables y pueden no ser suficientes para atender un cambio brusco (los ciclos se emplean para hacer frente tanto a subidas rápidas de demanda como a bajadas de demanda) de demanda. Sin embargo, la caída del consumo eléctrico con la crisis ha hecho que los 15.000 millones de euros que se emplearon en levantar estas plantas apenas se tradujeran en que en 2013 de estas centrales solo saliera un 9,2% del total de la electricidad generada en España, según datos de Red Eléctrica Española.
Mediáticamente, las paganas del déficit de tarifa eléctrico y del incremento de la parte fija de la factura de los consumidores han sido siempre las energías renovables. Fuentes que, efectivamente, han recibido subvenciones, pero que no han sido las únicas. Así, tal como recoge Jorge Morales de Labra, de la Asociación de Productores de Energías Renovables, solo en 2011 “las centrales de energía ‘convencionales’ recibieron ‘subvenciones’ –entendidas como ingresos por encima del precio del mercado mayorista– por importe de 1.689 millones de euros, en concepto de ajuste del sistema (una serie de operaciones que permiten atender la demanda en caso de fluctuaciones inesperadas) y por pagos por capacidad (que las centrales estén operativas por si fueran necesarias para atender al sistema). Según los datos que aporta Morales de Labra, cada consumidor pagó 3,20 €/MWh en concepto de servicios de ajuste del sistema y 6,09 €/MWh en concepto de pagos por capacidad en 2011.
En teoría, estos sobrepagos a las centrales eléctricas, principalmente las de ciclo combinado, garantizan que la demanda del Estado esté atendida en la peor de las circunstancias. Sin embargo, según indican desde el Observatorio Crítico de la Energía, la potencia instalada (y por tanto la capacidad de producir electricidad cuando la demanda lo exija) es el doble de la máxima que se ha necesitado en España en cualquier momento de la historia. ¿Por qué se construyeron tantas centrales si no se necesitaban? En primer lugar, porque en la pasada década el Ministerio de Industria desarrolló un plan para fomentar su instalación y, en segundo lugar, porque éste llevaba aparejadas unas ayudas a la inversión durante un periodo de 10 años, por las que las compañías recibían 20.000 euros por megavatio/año instalado, que a partir de 2011 se subieron a 26.000 euros por megavatio/año instalado. Estas ayudas han sido recortadas, pero no han desaparecido.
Consumidores en el laberinto
Todo este lío eléctrico lo ve reflejado el consumidor en su factura. A falta de que se apruebe el Real Decreto que regulará el precio de la luz para los consumidores a partir de abril, el Ministerio de Industria ya aprobó una subida en la parte fija del recibo de un 18%, lo que hace que esta ya suponga un 60% del total de la factura. A pesar de que las eléctricas parecen desentenderse en sus publicidades y mensajes de las ‘subvenciones’ que se cargan en el recibo, ellas son las principales perceptoras de este dinero. Un sistema en el que los consumidores no han sido tenidos en cuenta, y que ha venido determinado por decisiones políticas, y en que han tenido opinión responsables que, en algunos casos, posteriormente han ocupado cargos en las empresas eléctricas.
Los consumidores han sufrido las consecuencias: una subida acumulada del 70% de la luz desde el inicio de la crisis. Por eso es necesaria una auténtica reforma del sistema, en la que los consumidores sean tenidos en cuenta y que aborde el creciente drama de los ‘desahucios eléctricos’ causados por la incapacidad de muchos consumidores para afrontar el pago de su recibo.
