En lugar de afrontar seriamente la necesaria reforma legislativa en materia hipotecaria, las fuerzas políticas continúan ‘mareando la perdiz’ y diciendo, con buenas palabras pero pocos hechos, que ‘estudiarán’ la problemática de la vivienda existente en España. El último partido en hacerlo ha sido Convergència i Unió, que ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para crear una Comisión permanente para el cumplimiento del mandato constitucional para una vivienda digna.
El partido catalán denuncia que antes del boom inmobiliario el ratio entre el precio de la vivienda y la renta familiar bruta disponible se duplicó entre 2004 y 2007, llegando a rozar entonces los ocho años de ingresos totales que una familia debía abonar para pagar completamente su vivienda. Además, recuerda las aproximadamente 280.000 ejecuciones hipotecarias producidas desde 2008, que en España alrededor del 16% de las viviendas están vacías, y que mientras en Alemania o Francia el porcentaje de viviendas en alquiler asciende al 40%, aquí la tasa desciende hasta el 13%.
Por todo ello, CiU solicita la formación de esta comisión, que estaría compuesta por representantes de los grupos parlamentarios y que tendría como tarea principal “el estudio de las causas de falta de acceso a una vivienda digna, la elaboración de recomendaciones en materia de vivienda para dar cumplimiento a este mandato constitucional, el estudio de la dación en pago o de fórmulas similares y el seguimiento de la acción del Gobierno en este ámbito”.
Los ciudadanos exigen reformas urgentes
CiU ya presentó en años anteriores propuestas acerca de la problemática hipotecaria. Algunas interesantes, como el establecimiento de un nuevo sistema de ayudas públicas para la subsidiación de tipos de interés de préstamos hipotecarios para la financiación de la adquisición de vivienda habitual, o la creación de un fondo financiado por el Estado para atender el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual.
Sin embargo se trata de un partido un tanto ambiguo en materia hipotecaria, ya que también ha propuesto que se fomente la mediación entre las familias y las entidades financieras –como si la Banca se prestase a negociar las condiciones de los préstamos hipotecarios-, la creación de seguros de protección de tipos de interés –a favor de la Banca-, además de no votar a favor de la dación en pago y hacerlo en contra de declarar abusivas las cláusulas suelo.
ADICAE valora positivamente que las fuerzas políticas debatan sobre el problema hipotecario, pero es deseable que, de salir adelante, no ocurra con esta comisión como con la difunta Subcomisión de Estudio y Posible Reforma del Sistema Hipotecario español, de la que no se sacó ninguna conclusión. Además, es preciso recordar que tanto PP como PSOE se han negado una y otra vez a reformar la anticuada e injusta Ley Hipotecaria.
Entretanto el Gobierno debería aprobar urgentemente medidas como la moratoria hipotecaria de tres años preparada por ADICAE, que la trasladó al anterior Ejecutivo y también al nuevo encabezado por Mariano Rajoy. Sólo de esta manera, paralizando los procesos judiciales de embargo durante al menos tres años, se podrá dar un respiro a los cientos de miles de familias en riesgo de perder su vivienda. Y, mientras, las fuerzas políticas podrían debatir profundamente sobre el sistema hipotecario español.
