Nuestra asociación, junto a la Fiscalía, es la única organización personada en todas y cada una de las querellas penales contra Bankia, CAM, Catalunya Caixa, Caixa Galicia y Caja Castilla La Mancha. En todas estas causas la asociación se ha personado como acusación popular y también como acusación particular con los miles de afectados que se están sumando a estas actuaciones, cuyo resarcimiento se exige en los diferentes procedimientos.
Aunque los motivos de muchos de los procesos abiertos han sido elementos de corrupción, y de indemnizaciones y remuneraciones de los dirigentes de las entidades, la presencia de nuestra organización y de las víctimas, que se siguen personando en los diferentes procesos, son la única garantía de que estas causas no caigan en saco roto.
Así, se han interpuesto demandas penales contra Bankia y CAM por la situación económica en que los rectores y gestores dejaron a estas entidades y que ha perjudicado seriamente a cientos de miles de consumidores. Se trata de acciones judiciales a las que pueden unirse todos aquellos clientes que se sientan estafados y que sean víctimas de abusos como la comercialización indebida de participaciones preferentes, cuotas participativas, deuda subordinada, clips hipotecarios, cláusulas suelo,… Al tratarse de la vía penal estas demandas no interfieren, en absoluto, con los diversos procesos ya abiertos por nuestra asociación en cada caso.
Si bien estos casos están todavía en fase de instrucción, recientes novedades como la fijación de una fianza de 800 millones de euros para parte de la cúpula de Bankia confirman las tesis de nuestra asociación de la existencia de un fraude masivo, por lo que se hace imprescindible sumar al mayor número de afectados posible.
En un procedimiento penal se investiga si se han cometido una serie de delitos, en base a los hechos y pruebas que se aportan o consiguen y, si se detecta alguna conducta delictiva se trata de indemnizar o resarcir a los perjudicados por los daños causados. Es decir, además de condena penal para los culpables, los jueces pueden indemnizar a las víctimas.
