Según datos del informe de 2010 del FROB -Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- esta entidad ha desembolsado en el proceso de reeestructuración de las cajas más de 11.000 millones de euros, a través sobre todo de la suscripción de participaciones preferentes convertibles. A esta cifra hay que añadir 5.800 millones de euros por el reciente pufo de la CAM. En total, en torno a 17.000 millones de euros.
Hay que recordar que este fondo se dota con un 75% aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado -dinero de todos- y el resto con aportaciones de los Fondos de Garantía de bancos y cajas, que se nutren con dinero de estas entidades -que a su vez lo sacan del bolsillo de los consumidores…-.
Estas cifras escandalosas contrastan con las sanciones que se imponen a los responsables de la desastrosa gestión de las cajas de ahorros españolas. Hasta ahora sólo se ha sancionado a los máximos dirigentes de las quebradas Caja Castilla La Mancha y Caja Sur. Por dar cifras, al señor Hernández Moltó -ex presidente de CCM- se le sancionó con 150.000 euros -cuyo rescate exigió pagar más de 4.000 millones de euros-. Para el sacerdote que presidía Caja Sur la multa fue de 180.000 euros -el FROB financió la absorción de esta caja por BBK con 392 millones de euros-. Hubo otras sanciones para el resto del miembros de los Consejos de Administración de ambas entidades, pero en sendos casos la suma total es vergonzosamente ridícula.
La caída de la CAM nos cuesta 5.800 millones de euros
Ahora, tras la caída de la CAM -con un coste, en principio, de 5.800 millones de euros- ya se baraja la sanción que se prevé se pueda imponer a los máximos responsables de la entidad alicantina. Las cifras han “aumentado” tras la reforma introducida por la Ley de Economía Sostenible: de 150.000 euros a 500.000… Estas cifras ridículas evidencian la necesidad de ahondar en la petición de responsabilidades, evaluándose el perjuicio social y económico que causan. Además hay que empezar a considerar la responsabilidad del Banco de España a través de sus dos últimos gobernadores, quienes fueron plenamente conscientes de la “bola de nieve” que iba formándose con la burbuja del crédito, y que fue consentida, pese a que la normativa le otorga funciones y poderes concretos que nunca ejerció.
Por encima de todo ello, hay que encarar una reforma del sistema financiero y de sus instituciones, que suponga un mejor control y un mayor compromiso por la transparencia. El fracaso del Banco de España debe dar paso a una reforma en profundidad de este organismo caduco, que sólo apoya a la banca y que nunca se ha preocuopado de los intereses de los ciudadanos y consumidores.
