La mesa de debate fue presentada y moderada por Fernando Herrero, secretario general de ADICAE. Herrero quiso dejar claro desde un primer momento que en esta nueva realidad están cambiando los canales para conseguir un crédito pero que lo que no ha cambiado son los abusos de la banca hacia los consumidores. Citó a modo de ejemplo lo que está sucediendo con las hipotecas. Se ha pasado de grandes fraudes como las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios o el vencimiento anticipado al interés de la banca por trasladar la formalización de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo cuando el Euribor se encuentra en negativo.
El secretario general de ADICAE habló de los peligros de los créditos rápidos, donde la publicidad convierte al crédito en el producto en sí mismo, no como el instrumento que es. “Coge el dinero y luego ya ves en qué te lo gastas, donde en algunos casos alcanzan intereses abusivos y usurarios del 4.000 TAE”, explicó.
Al finalizar su introducción, Herrero relató el “laberinto normativo” que tenemos en España y que en muchas ocasiones se aparta de las normas fundamentales comunitarias en materia de protección de los consumidores. Aseguró que cuando hablamos de crédito hay normativas específicas para entidades financieras, otra para las no financieras, otra para los intermediarios y en medio de todas ellas la que regula el crédito al consumo. “A todo esto hay añadir la supervisión ineficaz de los reguladores, en especial del Banco de España”.
La primera ponente en tomar la palabra fue Inmaculada Barral, profesora de la Universidad de Barcelona. Enmarcó la nueva realidad del crédito como una segunda fase después de los problemas generados por la concesión de hipotecas: “Estamos en una segunda fase de concesión ilimitada de créditos, una vez que las hipotecas que dan problemas son las concedidas hace tiempo. En esta segunda fase son créditos personales ilimitados, y eso acaba generando muchos problemas”, aseguró.
Barral explicó las prácticas comerciales a la hora de pedir un crédito rápido o los llamados créditos ‘revolving’, asociados a una tarjeta. “Los principales errores son que no se analiza la solvencia del deudor y que los plazos de devolución son muy cortos, por tanto en caso de impago los intereses se encarecen de forma alarmante”.
“Los consumidores tenemos que tener en cuenta que nosotros somos ovejas y ellos lobos, y para combatir a esta jauría tenemos que tener conocimiento, y a veces ni siquiera eso es suficiente”, así empezó su intervención Antonio Santana Pérez, profesor de Mercantil de la Universidad de La Laguna.
El profesor aseguró que “todo lo que no son cuentas, son cuentos” y que hay que partir de un principio básico: La transparencia. Es un principio rector entre la relación entre consumidores y empresarios, en todos los sectores de la economía, no solo en banca, también en energía, telecomunicaciones, etc, en definitiva, la contratación seriada o en masa.
El profesor Santana explicó muy claramente en qué consiste la transparencia en la contratación, muy en la línea de lo que argumenta ADICAE y que la asociación plasmó en su propuesta de ley de la Transparencia en la contratación predispuesta. “La trasparencia es equilibrar las partes para que no sea una lucha entre David y Goliat. Cuando alguien te vende algo que seas consciente de lo que estás comprando, seas consciente de lo que las consecuencias jurídicas y económicas de lo que estás firmando.”
“Desde la Constitución del 1978 siempre ha ganado la banca, dando igual el signo político del que gobierne. Nadie ha promovido y defendido ese artículo 51”, explicó Santana quien ha detectado hasta 48 cláusulas abusivas en los contratos, y citó las cláusulas suelo, los intereses moratorios abusivos, cesión de créditos, gastos de formalización de la hipotecas…, etc. “Lo que sorprende es que están todas recogidas en los tribunales pero luego se siguen recogiendo en los contratos”, se preguntaba.
El siguiente en hablar fue Jordi Travé, jefe de la inspección de la Agencia Catalana de Consum, hizo una exposición sobre la regulación y las actuaciones de las inspecciones en los servicios financieros. Travé destacó cinco competencias que tiene la Agencia en materia de protección al consumidor: “El impulso de la regulación normativa, la información a los consumidores, la resolución de los conflictos, inspección de las entidades financieras y la aplicación del régimen sancionador”.
Las actuaciones de la Agencia Catalana de Consum hizo varios controles en las entidades financieras, sobre todo en materia de cláusulas suelo o IRPH, pero también en sectores de créditos al consumo. En este contexto se hicieron 57 inspecciones en clínicas dentales, academias de idiomas y centros de estética que acabaron con el cierre de diez de ellos.
Isabel Pons, responsable de AICEC, fue la encargada de explicar todo lo que ha hecho y propuesto ADICAE ante este panorama. Las actuaciones han sido muchas y muy amplias. Pons destacó en especial la Ley de Transparencia en la contratación predispuesta, que presentó el PSOE en el Congreso a propuesta de ADICAE, y que “trata de poner coto” a cómo deben dar la información las entidades en la contratación de créditos al consumo o préstamos hipotecarios.
La asociación ha estado también presente en la reforma de la legislación hipotecaria tratando de modificar las cláusulas abusivas. En cuanto a los créditos rápidos ha participado cuando se trató la normativa sobre las entidades de crédito. “Tenemos que dar un paso más. Tenemos que regular este tipo de crédito para proteger a los consumidores. Tenemos que buscar cómo sancionar a estas empresas. Son cantidades muy pequeñas que no están contempladas en la ley de crédito al consumo”, explicó.
El último en tomar la palabra fue el profesor de la Universidad Popular de La Rioja Jorge Cenzano. El también abogado se centró en la ley de crédito inmobiliario para criticarla muy duramente porque “llega tarde y mal”. En primer lugar criticó la información precontractual en la que no hay transparencia para el consumidor ni se define el papel de los notarios y “se cercenan las posibilidades de defensa con el riesgo de que la banca se acabe blindando”.
En línea con lo expuesto por Fernando Herrero, Cenzano habló de los efectos perversos del cambio de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, y lo que es peor de tipo fijo a tipo mixto. También criticó la forma de tratar los intereses de demora o el vencimiento anticipado que se aparta de la jurisprudencia europea. Otros dos puntos negativos fueron las rentas vinculadas que no desaparecen y que “siguen camufladas”, y por último que no se contempla la dación en pago, una de las grandes reivindicaciones de los últimos años y que ya estaba en la ley hipotecaria de 1948.
