Las encuestas de cara a las próximas citas electorales en España hacen patente algo que hacía tiempo que se cocinaba en la sociedad: los partidos políticos tradicionales, anclados en sistemas de funcionamiento viciados por la burocracia, han perdido peso en favor de nuevas corrientes políticas. Las medidas que han castigado a las clases populares han evidenciado cómo la prioridad de la maquinaria política ha sido socorrer a una banca que, en su caída, no dudó en defraudar a cientos de miles de consumidores.
Los efectos de estas políticas se han dejado notar a todos los niveles, siendo especialmente duras sus consecuencias en las instituciones autonómicas y municipales, que han recortado en sus servicios públicos o, directamente, los han dejado de prestar. Este es el clima social y ciudadano con el que los consumidores acudirán a las urnas.
Frente a la desidia, participación
La abstención ha sido bastante alta en los comicios de los últimos años, pero tanto las pasadas elecciones europeas como los sondeos de intención de voto para las próximas elecciones municipales y autonómicas parecen indicar que hay también una gran masa social movilizada hacia nuevas formas de hacer política.
Todo indica que el bipartidismo ha dejado de monopolizar el sentir general de la ciudadanía. En este contexto es donde han aparecido nuevas fuerzas sociales y políticas, que movilizan a los ciudadanos con su mensaje de más participación en la toma de decisiones. Se ha demostrado que las decisiones políticas tomadas en función de los intereses de las élites económicas han sido un fracaso absoluto para la sociedad en su conjunto.
Solo una mayor participación de la sociedad civil y de sus organizaciones en la toma de decisiones políticas y económicas puede impulsar un verdadero cambio de modelo. Los consumidores, a través de sus asociaciones, han de involucrarse en este clamor para pedir a las fuerzas políticas, viejas y nuevas, más participación y normas que verdaderamente garanticen los derechos de los consumidores / ciudadanos. Una participación que, hay que estar vigilante, ha de ser real y no quedar en meros fuegos de artificio de cara a la galería. Los consumidores deberán exigir que las promesas hechas en campaña no se olviden al día siguiente de las elecciones. Solo de esta manera se darán pasos hacia un nuevo modelo social y económico más justo y sostenible, y se logrará devolver la ilusión a quienes hasta ahora, decepcionados con la situación actual, han mirado hacia otro lado.
La defensa de los consumidores tiene que estar en el primer plano electoral
La política de consumo es una de las grandes olvidadas en los programas electorales. Algo totalmente inexplicable, en tanto que la figura del consumidor es inseparable de la del ciudadano; los problemas de los consumidores son en realidad problemas de todos los ciudadanos.
Sigue siendo necesario reforzar la política de protección de los consumidores de servicios financieros, en un contexto en el que los efectos de la crisis siguen dejándose notar en la economía de las familias. Los consumidores con problemas de sobreendeudamiento siguen sin tener soluciones reales para su problema, ni vías que les permitan reestablecer sus economías domésticas.
Es necesario que cuenten con un sistema que, al igual que en otros estados europeos, permita sobreponerse a esta situación. La cuestión hipotecaria sigue sobre la mesa: no debe olvidarse que es necesaria una reforma en profundidad de la normativa. Tampoco se debe olvidar a aquellos consumidores que pueden ahorrar, y que en un momento de bajas rentabilidades son empujados a contratar productos de riesgo; deben tomarse medidas para que las entidades les ofrezcan alternativas seguras y con una retribución adecuada.
Las cuestiones relacionadas con el consumo de bienes y servicios de interés general deben ser objeto de especial atención. Los consumidores deben tener un alto nivel de protección en un momento en el que sectores como la energía o las telecomunicaciones ocupan buena parte del presupuesto familiar. Todo lo anterior debe ir acompañado de una política de fomento del movimiento de los consumidores, que además refuercen la formación y educación a todos los sectores de consumidores. Los consumidores deben dar propuestas y exigir soluciones a los políticos, y la mejor manera de hacerlo es a través de una asociación de consumidores como ADICAE.
¿Qué deben hacer los ayuntamientos y autonomías por los consumidores?
Las políticas de consumo se aplican a distintos niveles. Unas son aplicables por autonomías y ayuntamientos (aunque estos han visto limitada su capacidad de acción), mientras que otras dependen de instituciones estatales. Sin embargo, desde el ámbito autonómico y local, los políticos pueden trabajar para:
Dar apoyo e impulso institucional. Elevar propuestas, aunque no sean de su competencia, ante las instituciones estatales correspondientes.
Compromiso político. Trasladar, representar y apoyar en los plenos de los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y consejerías las propuestas de los consumidores en defensa de sus derechos.
Pleno y efectivo ejercicio de sus competencias en consumo. Para dar solución a los problemas de los consumidores.
Uso de las vías de diálogo institucional. Aprovechar reuniones y conferencias sectoriales a nivel estatal para trasladar las necesidades de los consumidores.
