El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha vuelto a recordar que la solución a la cuestión hipotecaria ahora en plena efervescencia entre la sociedad española “no está en poner parches ni medidas de cara a la galería” sino, bien al contrario, en plantear “soluciones integrales y completas, que permitan que las 8 millones de hipotecas vivas que hay en la actualidad disfruten de una legislación más justa y protectora de sus intereses”. “Sabemos que la burbuja inmobiliaria es una cosa de tres, e incluso cuatro gobiernos, de todos los colores políticos”, recordaba Manuel Pardos, “por eso es indispensable plantear soluciones globales” que, a juicio del presidente de ADICAE, no pasan por volver a lo anterior; “no es posible, y no queremos, que vuelva la burbuja”.
A pesar de que sus consecuencias tardarán todavía tiempo en diluirse. “El actual sistema hipotecario español tiene atados a estos millones de familias españolas a una condena, a una trampa, que es su actual hipoteca”. Cláusulas abusivas como la ‘suelo’, que pueden encarecer la cuota mensual hasta un 30%, intereses leoninos, productos y servicios asociados que encarecen todavía más el importe… Abusos que hasta han hecho que el Tribunal Europeo haya cuestionado la normativa hipotecaria española. “El movimiento social y ciudadano actual es poco para lo que ha originado esta política criminal, que tiene con la soga al cuello a millones de familias, da igual si son medio millón, un millón, 300.000… Aunque fueran diez, ya habría que criticarlo”, dice Manuel Pardos.
Parches
De todas estas consecuencias perniciosas, lo más dramático sigue estando en la fase final del proceso de ejecución hipotecaria, que es el desahucio. Lo único que parchean los diversos decretos del actual gobierno del PP, “como intentaron parchearlo en la anterior administración de Zapatero, con efectos igual de limitados e insuficientes”. Así, el presidente de ADICAE recordaba los primeros decretos socialistas de 2010 que trataban de limitar las ejecuciones hipotecarias, primeramente a parados en situación límite. “Se beneficiaron menos de un millar”. Un defecto que han heredado los actuales ministros del gobierno de Mariano Rajoy.
Pardos insiste en criticar el escaso alcance y el nulo efecto sobre las prácticas irregulares de la banca que tienen las medidas que se van tomando hasta la fecha, incluyendo esta última propuesta de normativa hipotecaria ahora en pleno debate en el Congreso, porque, a su juicio, siguen partiendo de premisas equivocadas. Entre ellas, el concepto de dación en pago. “Para casos extremos de exclusión social, para las víctimas de la burbuja inmobiliaria, puede ser una solución”, mantiene Manuel Pardos, “pero está muy lejos de ser la solución, algo que beneficie a los millones de consumidores que aún están al día con sus hipotecas”.
“Los desahucios se multiplicarán en el corto plazo, y una dación en pago que elimine deudas con un alquiler social puede ayudar a estas personas en situación más dramática”, dice Manuel Pardos, pero “la mayor parte de los consumidores lo que quiere es continuar en su casa, no perder esa propiedad que va pagando con sumo esfuerzo”. Así que lo que urge es una completa revisión de la normativa hipotecaria española, que elimine las cláusulas abusivas de los contratos, y que permita a los consumidores, y a las asociaciones que los representan, hacer fuerza ante los mediadores y ante los juzgados para anular todos estos abusos que originan un brutal sobrecoste.
“La lucha continúa”
“Sea lo que sea lo que se apruebe en el Congreso de los Diputados, la lucha continúa”, emplaza Manuel Pardos. La reforma hipotecaria que está a punto de aprobar el Congreso a instancias del gobierno del PP supone apenas una extensión del código De Guindos de buenas prácticas, a lo que se suman algunas concesiones relacionadas con los intereses moratorios y las subastas -“la propina a la banca, el 12%, frente al 9% que resultaría de aplicar 2,5 veces el interés legal del dinero”-. Nada de prevención del sobreendeudamiento, nada sobre posibilidad de reestructurar y aligerar las deudas; ADICAE calcula que dos tercios de las familias que tienen problemas con sus préstamos hipotecarios asumiría una cuota mensual de entre 400 y 500 euros, en muchos casos la diferencia entre lo que pagan, y lo que deberían pagar descontadas las cláusulas abusivas. Mantiene Manuel Pardos, en fin, su compromiso “para hacer presión institucional, en partidos políticos, administraciones, foros jurídicos” para seguir defendiendo los intereses de estos millones de españoles sometidos a las prácticas irregulares de las entidades financieras.
