La pobreza energética en España creció en 2020 y afecta prácticamente a uno de cada diez consumidores. Muchos hogares se ven obligados a destinar una cantidad excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética de su vivienda. Y en este sentido, la modificación del recibo les introduce un elemento de confusión y ansiedad del que se aprovechan las compañías eléctricas, que comercializan estos días nuevas ofertas con un objetivo claro: pasarles a mercado libre y sacarlos del mercado regulado.
Con la nueva factura los consumidores deberán adecuar su factura a su forma de consumo, de tal manera que se intente concentrar el gasto en esos tramos más baratos. Sin embargo, y por encima de ello, este nuevo recibo va a traer consigo una reconfiguración del mapa eléctrico para los consumidores más vulnerables, muy buena parte de ellos en precio regulado. Alrededor de 11 millones de hogares están en Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), y más de un millón de ellos tienen acceso a los bonos sociales, que descuentan una parte del recibo a colectivos con dificultades económicas.
Las nuevas ofertas de las empresas atacan directamente al primer requisito que se debe tener en cuenta para acceder al bono social eléctrico, que es tener un contrato en el mercado regulado con alguna de las cinco comercializadoras que operan en PVPC. Estas son: Energia XXI (que pertenece a Endesa), Baser (a EDP), Regsiti (a Repsol), Curenergia (a Iberdrola) y Comercializadora Regulada Gas & Power (a Naturgy). Sólo aquí los consumidores pueden tener tarifas reguladas que les den acceso a los descuentos incluidos en el bono social.
Los otros requisitos para optar al bono social son de carácter económico, con tres posibles baremos. En primer lugar, el llamado ‘consumidor vulnerable’ se beneficia de un descuento del 25% según las condiciones económicas de cada consumidor y de los menores en la unidad familiar. En segundo lugar, el ‘consumidor vulnerable severo’ obtendría un descuento del 40%, con requisitos más restrictivos. Por último, el ‘consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social’ obtendría una factura gratuita, pero debe estar en seguimiento por los servicios sociales públicos.
Según la CNMV, el número de consumidores que se acogieron al bono social en España fue en torno a 1,3 millones en 2020, una cifra inferior al año anterior y no actualizada en este 2021. La actual crisis económica ha producido un incremento de consumidores vulnerables durante los últimos meses, pero esto no se está viendo reflejado en un aumento de los consumidores que acceden al bono social. Las eléctricas ponen cada vez más trabas y la parálisis administrativa no ayuda a agilizar un trámite que el consumidor tiene que renovar anualmente. Al final, desde que en 2017 se alcanzasen los 2,3 millones de beneficiarios de bono social eléctrico, esta cifra no ha dejado de caer.
Cambios regulatorios en la factura, problemas administrativos y ofertas express de las eléctricas para llevar a los consumidores al mercado libre; un cóctel pernicioso. Al final, muchos consumidores se están comprometiendo a permanencias, cláusulas no previstas y unos descuentos que al final no se producen, sin realmente ser conscientes de ello o incluso desconociendo el contrato. Y perdiendo el derecho al bono social. Aún a pesar de que, como dice la CNMV y muchos expertos, en un hogar de consumo estándar, el cambio de la factura no debería suponer una variación en el recibo mensual. La idea, de hecho, es rebajarlo si se aprovechan los precios bajos de las tarifas valle.
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