Durante los últimos años, la banca y el Gobierno han lanzado varias campañas con el objetivo de dar una solución a los problemas hipotecarios. Así encontramos la ‘moratoria’ de tres años que el Santander ofreció a sus clientes en el año 2011; el Plan BBVA que, junto a la Fundación Adecco, ofrecían la posibilidad de acceder a una ayuda económica y a asistencia para encontrar empleo; el Fondo Social de Viviendas promovido por el Ministerio de Economía que cuenta con 5.891 inmuebles destinados a familias en riesgos de exclusión social y el Código de Buenas Prácticas al que las entidades se adhieren de manera voluntaria. Las cuatro medidas han beneficiado a un total de 26.140 familias, unos escasos resultados si tenemos en cuenta que 28.170 familias perdieron su vivienda habitual solamente en el primer semestre del 2013, según el Banco de España, y que desde el año 2011 lo han hecho al menos 120.400.
Los datos publicados por el Banco de España (BDE) en enero de 2014 no dejan lugar a dudas: sigue existiendo un importante problema hipotecario que deja a decenas de miles de familias en la calle. Durante 2012 hubo un total de 44.745 entregas de viviendas, de las cuales 39.051 se corresponden a la vivienda habitual de las familias. En 2013 encontramos datos del primer semestre, en donde tenemos 35.098 entregas de viviendas, de éstas, 28.170 son viviendas habituales. A estos datos hay que sumarles los 40.740 desahucios ocurridos en 2011 según recogen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sigue habiendo oscuridad en las cifras oficiales de desahucios, puesto que actualmente son dos organismos (el BDE y el CGPJ) los que se encargan de recoger estos datos. Además, cada uno de estos organismos reúne información de diferentes aspectos: el CGPJ recoge los desahucios llevados a cabo en los juzgados, y el BDE agrupa los datos que le proporcionan las entidades financieras.
Ante estas cifras, el Ministerio de Economía promovió la creación de un Fondo Social de Vivienda en marzo de 2013 para albergar a familias desahuciadas. Este fondo nació con 5.891 inmuebles entregados por las entidades para alquiler social entre 150 y 400 euros mensuales, pero con unas condiciones tan severas que a fecha de noviembre del 2013 sólo se han ocupado 615 viviendas, según datos del Ministerio de Economía. Estas condiciones conllevan que en el momento de solicitar la vivienda, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o IPREM, -1.600 euros mensuales- y ninguno de los miembros puede tener una vivienda en propiedad. Además, el desahuciado debe encontrarse en el umbral de ‘especial vulnerabilidad’, esto es, pertenecer a una familia numerosa, a una unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo, que haya un menor de tres años en la familia, que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, que el deudor esté en paro y haya agotado sus prestaciones, o que haya una víctima de violencia de género en la familia. Además, el Ministerio también puso en marcha en abril de 2013 el Código de Buenas Prácticas (CBP) que ha beneficiado a 2.301 hipotecados a cierre de septiembre del mismo año, en donde encontramos reestructuraciones de la deuda, quitas de una parte de lo debido y daciones en pago.
Desde la Economía de los Consumidores se intentó contactar en varias ocasiones con el Ministerio de Economía a través de llamadas y emails para pedir una cifra actualizada de las viviendas ocupadas y preguntar si se valoraba la posibilidad de ampliar las condiciones de acceso al FSV. Tras insistir en varias ocasiones, el Ministerio contestó diciendo que los últimos datos disponibles eran los de noviembre de 2013, una muestra de que el Ministerio no quiere hacer pública determinada información que puede comprometer los resultados de su actuación. Cuando se le preguntó sobre si existía la posibilidad de ampliar los criterios de acceso, respondieron que no había ninguna iniciativa en este sentido.
Las medidas de la banca tampoco son efectivas
Por su parte, el Santander anunció a bombo y platillo en julio del 2011 una ‘moratoria’ hipotecaria a tres años sobre el capital del préstamo hipotecario para los clientes con dificultades de pago, es decir, que estén en paro o hayan sufrido una caída del 25% de los ingresos. Una moratoria que realmente se trata de una carencia, puesto que el hipotecado sólo pagaría intereses y no el capital del préstamo. En el caso de que fuera una moratoria real, se suspenderían los pagos del hipotecado durante tres años para que la familia pudiera recuperarse económicamente, algo que no es el caso puesto que se le hace una rebaja de la cuota mensual. Esta medida aseguraba a los clientes del Santander reducir su cuota hipotecaria mensual hasta casi la mitad y la posibilidad de alargar el plazo de vencimiento de la hipoteca para compensar este periodo de carencia, con lo que el hipotecado pagaría menos durante los tres años de duración de la carencia pero acabaría pagando más al final de su hipoteca. Según datos proporcionados por el Santander, son más de 23.000 las familias que se han acogido a esta medida.
Otro ejemplo de la escasa efectividad de las medidas de la banca es el Plan BBVA-Fundación Adecco, un plan lanzado en marzo de 2013 cuyo objetivo era proporcionar una ayuda económica de entre 200 y 400 euros y formación y asesoramiento en la búsqueda de empleo (por parte de la Fundación Adecco) a clientes del BBVA que habían perdido su única vivienda. Los beneficiarios debían de ser, además, personas en situación de especial vulnerabilidad, como mayores de 45 años parados de larga duración, dependientes, víctimas de maltrato, discapacitadas o que formen parte de una familia numerosa. Tras un año, este plan ha beneficiado a 224 clientes del BBVA, de los cuales el 17,41% (39 personas) ha encontrado empleo.
Estas iniciativas, a las que se han acogido un total de 26.140 familias, vienen a evidenciar las escasas soluciones que se están dando a un problema social que ha ocasionado 120.400 desahucios desde el 2011, año en que se ponen en marcha estas medidas. La crisis ha causado que miles de familias pierdan sus fuentes de ingresos y, con ello, se han visto incapaces de hacer frente a los gastos hipotecarios. Por esta razón, es necesaria una reforma que garantice los derechos del consumidor y que debe impulsarse desde la administración. En este sentido, ADICAE continúa defendiendo la aprobación de la creación de un procedimiento concursal y de una moratoria hipotecaria de tres años de duración que proteja los derechos de los consumidores, garantice una vivienda digna y un tiempo de respiro para poder rehacer sus vidas laborales. Además, por motivo de las próximas Elecciones al Parlamento Europeo, la asociación se reunirá con partidos políticos para trasladarles sus propuestas en materia hipotecaria.
